Los profesionales de la abogacía y de la Procuraduría no tienen derecho a una jubilación y se ven obligados a continuar eternamente con su trabajo, puesto que sus jubilaciones lo son en cuantías no mayores de la pensión no contributiva pese a cotizar durante toda su vida profesional.
Hasta el año 1995, estos profesionales no podían darse de alta en el sistema público de trabajadores autónomos o RETA. Se les obligaba como única opción posible adherirse a un sistema privado de mutualidades.
Cuando se abrió la posibilidad de incluirse en el campo de aplicación del régimen especial de trabajadores autónomos, y aún continúa siendo así, el ejercicio de esa posibilidad implicaba para abogados y procuradores cotizantes en las mutualidades que todo lo aportado quedaba atrapado en esas entidades privadas.
Pero al momento de la efectiva jubilación en ningún caso, se están abonando las pensiones que les aseguraban que tendrían, hasta el punto de abonar pensiones en la mayoría de los casos inferiores a 500 € y además no actualizables.
Esa cantidad es la que cobrarán lo largo de toda su vida, mensualmente y sin actualización alguna, manifestándose ahora, que sus fondos no están garantizados, puesto que por posteriores reformas legislativas ya no era un plan alternativo de jubilación y pasando a ser un plan de pensiones individual, que facilita pensiones vitalicias ridículas e inferiores al importe de la pensión no contributiva.
Ahora, nuevamente se vuelven a realizar reformas en el sistema de protección mutual alternativo al público, e inicialmente impuesto y posteriormente encomiado e incentivado, para luego ser transformado y siempre sin contar con la opinión del colectivo afectado. Mientras estos profesionales constatan como sus compañeros más mayores no se pueden jubilar, porque no podrían subsistir mientras que las estimaciones para los más jóvenes podrían ser cada vez más irreales.
Estos Profesionales no solicitan ningún privilegio, prebendas o prestación a cargo de los contribuyentes o del resto de trabajadores. Lo que interesan es que se les permita trasladar su dinero que tienen atrapado en estas entidades privadas o mutualidades tras una cotización de toda una vida y aportarlo al
sistema público, igual que se hizo en su día con los notarios y corredores de Comercio. Que se les trate, igual que al resto de trabajadores del país.
Se trata de un problema social, que parte de una discriminación impuesta y objeto de modificaciones legales referidas, que no debe seguir siendo evitado ni ocultado, ni parcheado, sino que, por el contrario, debe ser abordado sin dilación y con carácter urgente para encontrar soluciones.
Por todo lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Albacete adopta los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO. – Instar al gobierno de España a promover las modificaciones normativas necesarias para establecer una ventana o pasarela que permita la posibilidad, puntual, individual y voluntaria de que los profesionales de la abogacía y de la Procuraduría que lo deseen, puedan recuperar sus fondos de mutualidades privadas con destino al RETA. Debe garantizarse a todos los profesionales en función de los años de ejercicio y cotización en sus mutualidades el derecho a una pensión de jubilación mínima y digna en las mismas condiciones que el resto de trabajadores.
SEGUNDO. – Dar traslado de este acuerdo al gobierno de España y a todos los grupos parlamentarios con representación en la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, en el de España y en el de Europa, al Colegio de la abogacía de Albacete, a al Consejo General de la abogacía española, al Colegio de procuradores de Albacete, al Consejo nacional de Procuradores y a la dirección General de seguros y fondos de pensiones.
